Reclasificación de tarifas de luz:diez años después seguimos luchando

el

Héctor Yunes Landa
Articulista Invitado

​Por más de una década he acompañado la lucha social por obtener mejores tarifas de energía eléctrica para Veracruz. No se trata de una demanda de privilegios como sucedió en Tabasco -donde el Presidente condonó una deuda de 11 mil millones de pesos a sus paisanos-, sino de alcanzar equidad en el trato que reciben otros estados del país con climas similares.

En 2005 se inició el movimiento de resistencia “La leyenda del Chucho el roto”, encabezada por mi amigo Francisco Fernández Morales “El Potro”, quien junto a cerca de 7 mil habitantes de la región solicitó la reclasificación de tarifas en los municipios circundantes a la planta nuclear de Laguna Verde.

En respuesta, “El Potro” fue detenido y enviado al Penal de Pacho Viejo, en el permaneció preso tres años. Durante su reclusión fui testigo de cómo decenas de personas le visitaban como muestra de gratitud y solidaridad; todos los días le llevaban alimentos y obsequios para agradecer que estuviera pagando con cárcel la defensa de su causa. En varias ocasiones lo visité con el propósito de ayudar en su liberación, la que se logró en septiembre de 2012.

Dos años después se obtuvo el primer logro importante. En 2014, la División Distribución Oriente de la CFE autorizó un ajuste tarifario para 86 localidades de 6 municipios (Alto Lucero, La Antigua, Apazapan, Emiliano Zapata, Puente Nacional y Veracruz) en beneficio de casi 51 mil usuarios. Sin embargo, fue un beneficio marginal respecto de miles de familias que viven en esta región.

En octubre de 2017, junto con “El Potro” nos reunimos con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime Francisco Hernández, y con el director de Conagua en Veracruz, César Triana Ramírez para analizar la viabilidad de una reclasificación de tarifas eléctricas en apoyo de más de 350 mil habitantes que habitan en un radio de 60 kilómetros en torno a la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde. No obtuvimos respuesta a pesar de tener la razón técnica y económica.

Hoy las cosas pintan aún peor. Como lo dijimos apenas en junio pasado: el cuatroteísmo ha convertido a las tarifas de energía eléctrica en un símbolo de desigualdad y discriminación. Mientras más de medio millón de hogares se quedaron sin luz por la imposibilidad de cubrir el pago, decenas de instituciones del gobierno federal y alcaldías de la Ciudad de México adeudan más de $757 millones de pesos sin que hayan recibido sanción alguna.


La pandemia ha representado para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un gran negocio. No sólo aumentó de manera desproporcionada las tarifas al haber un mayor consumo por el confinamiento, sino que generó cientos de millones de pesos en utilidades por concepto de reconexión de los usuarios a quienes se les había suspendido el servicio.

Por esa razón, apenas el 23 de septiembre pasado, habitantes de cinco municipios que forman parte de este movimiento bloquearon por más de tres horas la carretera Xalapa-Veracruz, cerca de Plan del Río, para exigir una vez más a la CFE detener los cortes de servicio y las demandas penales en contra de los usuarios. Se trata de un movimiento genuinamente social.

Pero hoy surge una razón aún más poderosa: las tarifas de luz no deben establecerse a partir de los registros históricos de la temperatura sino por el costo de producción y nivel de consumo. No deben ser los consumidores quienes asuman las distorsiones del mercado y las pérdidas por los vicios e ineficiencia de la CFE. El subsidio a la electricidad debe regirse por un criterio social que privilegie el ingreso económico sobre los registros climáticos.

En medio de la pandemia, se aplicaron reglas diferenciadas para los consumidores: se castigó a los de menos recursos y se permitió el abuso del propio gobierno. Nuevamente se premió al delincuente y se castigó al usuario honrado.

Tan sólo en los meses de abril y mayo -cuando la contingencia sanitaria registró la fase más alta-, la Comisión Federal de Electricidad suspendió el servicio a 543 mil 128 mexicanos que no pudieron pagar el recibo de la luz y luego obtuvo millonarios recursos por reconectarlos. La Comisión cobró 47 millones 38 mil pesos para reanudar a usuarios que se quedaron a oscuras, lo que se pudo subsidiar como apoyo a quienes regularizaron sus adeudos.

Las tarifas estratosféricas que se han aplicado durante la pandemia podrían convertirse en norma en los próximos años, lo que impactará lo mismo en los hogares que en las pequeñas empresas. El servicio de energía eléctrica debe promover la inversión y el empleo, garantizando la reactivación económica del país; es evidente que las tarifas altas inhiben el consumo y el buen funcionamiento de los comercios y las pequeñas empresas.

El país requiere de reclasificar sus tarifas de energía eléctrica bajo criterios económicos y no climáticos; pero de nada servirá si la CFE no termina con la corrupción que la carcome y que estamos pagando los consumidores en cada nuevo recibo de luz. ¡Vamos a seguir luchando!

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